Fecha de Publicación 22/05/2026
En un esfuerzo por reforzar el cumplimiento de las obligaciones familiares, el gobierno de Estados Unidos mantiene una política estricta que impacta directamente la movilidad internacional de ciertos ciudadanos: la revocación o negación del pasaporte a quienes acumulen deudas significativas por concepto de manutención infantil (child support).
De acuerdo con la normativa federal vigente, cualquier ciudadano estadounidense que adeude más de $2,500 dólares en manutención infantil puede ser reportado al Departamento de Estado, lo que automáticamente lo vuelve inelegible para obtener o renovar su pasaporte. En casos más severos, incluso puede producirse la revocación de un pasaporte vigente.
El proceso inicia cuando la deuda es reportada al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), entidad encargada de coordinar con los estados la gestión de estos casos. Una vez validada la deuda, el nombre del ciudadano es incluido en una lista que impide la emisión de pasaportes.
Esto significa que la persona afectada no podrá:
En caso de revocación, el ciudadano deberá comunicarse directamente con la agencia estatal donde se originó la deuda para gestionar el pago o establecer un acuerdo. Solo después de saldar la deuda, el estado notificará al HHS, lo que permitirá iniciar el proceso para recuperar la elegibilidad.
Sin embargo, este proceso no es inmediato. Puede tardar entre 2 a 3 semanas o más, incluso después de haber realizado el pago, ya que se requiere la verificación oficial antes de que el Departamento de Estado autorice nuevamente la emisión del pasaporte.
Para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos y han recibido una notificación de revocación, la situación es aún más delicada. En estos casos, solo podrían ser elegibles para un pasaporte de validez limitada, cuyo propósito es permitir el regreso directo al país.
Además, deberán contactar tanto a las autoridades estatales correspondientes como a una embajada o consulado estadounidense para recibir orientación sobre los pasos a seguir.
Esta medida no solo afecta la capacidad de viajar, sino que también puede tener consecuencias laborales, familiares y legales. Profesionales que requieren movilidad internacional, personas con familiares en el extranjero o situaciones de emergencia podrían verse seriamente limitadas.
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos:
Cumplir con estas responsabilidades no solo evita sanciones, sino que garantiza el acceso a derechos fundamentales como la libre movilidad internacional.
